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COALIGARSE O MORIR; RETO DEL PAN RUMBO AL 2021

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El proceso electoral intermedio del 2021 se avizora ya a la vuelta de la esquina, en Palacio Nacional, las alertas están encendidas, urge intervenir de inmediato o el proyecto de la 4T se esfumará en tan solo tres años.

La intención del presidente López Obrador será a como dé lugar arrebatar la elección intermedia.

Para ello, opera desde el Congreso de la Unión una estrategia de cooptación, con la que se ha ido minando la autonomía de los diversos organismos autónomos del país, a los cuales ha descalificado desde que llegó a la Presidencia de México. Sumado al ataque constante de todo lo que para él signifique oposición.

Así, el reto más importante de AMLO, será asirse del control total del Instituto Nacional Electoral (INE), para con ello, llegado el 2021, robar la elección y mantener los sueños caprichosos del gran líder de la supuesta “4ta transformación”.
La tarea no será nada fácil, el pueblo mexicano ha comenzado a comprender que las promesas falaces del “mesías” están cargadas de demagogia y con ello, el rechazo casi automático dificultará realizar el embute.

En paralelo, la oposición –esa que según el mesías- está moralmente derrotada; evalúa y estudia la posibilidad de construir una gran coalición.
Acción Nacional va por contrapesos a nivel nacional y lo que busca es generarlo en la Cámara de Diputados para poder reconducir la política económica, social y de seguridad; asignar presupuesto a las diferentes labores que son prioritarias para municipios y estados, el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, equipamiento; aportar a energías limpias y renovables.

Es momento de corregir el rumbo, y desde aquí hacemos una convocatoria a todos los mexicanos a participar en las elecciones de 2021 para recuperar un México democrático, de libertades y poder reconducir la economía, la seguridad, la política social, los equilibrios y contrapesos de poder.

Participemos activamente, cada quien, desde su lugar, de la mejor forma, como decidan hacerlo, pero nadie nos quedemos callados. Lo único que no debemos hacer hoy es rendirnos ante la fuerza del dinero clientelar y del poder del gobierno en turno, México nos reclama a to
dos los ciudadanos que levantemos la voz desde la trinchera en la que nos encontremos

Jorge Eduardo González Carranza
Partido Acción Nacional

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Violencia política contra las mujeres en razón de género: la suma de todas las violencias

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Por: Mirza Florez Gómez

 

La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es una condición imprescindible para consolidar el proyecto de nación al que aspiramos. Los derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres no dependen de su condición de género, por lo que es necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien crear esa capacidad.

Sobre la paridad de género, los avances en México han sido poco a poco, los colectivos y grupos feministas han tenido que recurrir a juicios y obtener sentencias para que este derecho sea una realidad y este reconocido. Sin embargo, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para que las mujeres ejerzan con total libertad sus derechos político-electorales. La violencia política en razón de género es un nuevo concepto académico; no obstante, es un fenómeno social que se remonta mucho tiempo atrás; a las mujeres se les ha excluido de la esfera pública que se encuentra codificada como masculina (Beard, 2018) y quienes logran acceder a esta esfera son cuestionadas y tratadas como intrusas o usurpadoras.

¿Qué es la violencia política en razón de género? En general, es la suma de todas las violencias que viven las mujeres ejercida en un solo ámbito. El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, creado por la Secretaria de Gobernación, establece que la violencia política comprende “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo” (Tribunal Electoral, 2017: 41).

Las prácticas de este fenómeno abarcan acciones que van desde renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas a un cargo de elección popular; presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas; prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión; difamación, calumnias, acoso a través de los medios de comunicación; agresiones físicas; dominación económica en el plano doméstico y político. Estas acciones no solo se manifiestan durante el proceso electoral, “la pueden padecer antes, durante y después de ejercer un cargo” (Cárdenas Acosta, 2018: 38).

 

La identificación de estas formas de violencia se basa en lo dispuesto en la la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las cuales reconocen los derechos político-electorales de las mujeres y en todo momento reiteran que la mujer debe ejercer su libre derecho de participar en la vida política en igualdad de condiciones: “en consonancia con la recomendación general núm. 35, armonizar la legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención…” (ONU Mujeres, 2018: 81).

La violencia, hacia las mujeres, en general, es un problema que ha estado presente durante siglos de exclusión; ésta proviene de una descomposición estructural y cultural de estereotipos basados en razón de género en que los hombres no reconocen a las mujeres su participación. Y es que, si bien durante los últimos veinte años la participación de mujeres en los asuntos políticos se ha incrementado gracias a importantes cambios y creación de políticas publicas que atienden a grupos con menos oportunidades de acceder a cargos de representación, no deja de ser necesairio visualizar, denunciar y castigar las violencias en razón de género, en particular la política, porque, como cualquier otras formas de violencia de género, la violencia política ha necesitado ser sacada a la luz pública, pues aquello que no se nombra no existe y esta se había normalizado dentro de la cultura política.

Por desgracia,  junto a los avances cualitativos y cuantitativos que hemos tenido las mujeres respecto a nuestros derechos político-electorales, la violencia política también va en aumento, tal como lo cita ONU Mujeres: “a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, aumenta también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder” (ONU, 2012). Sin embargo, también se ha reducido la brecha legislativa y cada vez más entidades federativas tipifican estas faltas en su legislación como delitos que deben denunciarse y perseguirse.

Por ejemplo, en 2015 y 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) documentó 141 casos y en enero de 2017 confirmó la investigación de 52 casos más, que evidencian la violencia política que sufren las mujeres, violencia que va desde las presiones por parte de las dirigencias partidistas para que no se postulen, no impugnen o acepten candidaturas en distritos perdedores o con bajas o nulas posibilidades de triunfo; hasta descalificaciones ofensas, humillaciones, golpes, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos por ser mujeres que decidieron ejercer su legítimo derecho a participar.

 

 

De las cuotas de género a la actualidad

Si bien en la actualidad las mujeres tienen una mayor posibilidad de ejercer un cargo dentro de la política, esto requirió de un largo y constante camino de lucha en pro de la participación política de la mujer. Para reducir la brecha de participación entre mujeres y hombres, en una primer instancia se impulsaron las llamadas cuotas de género, medida que fue incorporada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en la década de 1990.

Para el 10 de febrero de 2014 la reforma político electoral aprobaba el principio de paridad de género y quedaba asentada en el Artículo 41 de la Constitución, el cual establecía que los partidos políticos debían cumplir este principio en la postulación de candidatos para las legislaturas federales y locales. El principio de paridad ha permitido incrementar la participación de las mujeres en los congresos federal y estatal, pero también el derecho a representación en los gobiernos municipales, tal como lo afirma Martha Tagle:

Esto es relevante sobre todo en un contexto nacional e internacional en el que todavía permanecen brechas de desigualdad importantes, pese a que hayan transcurrido 66 años del pleno reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres –iniciando con el derecho a votar y a ser electas, entre otros que esto conlleva–, y a partir de ello es que se destaca el papel del activismo de las mujeres por nuestros derechos políticos, especialmente en relación con el camino recorrido desde la sentencia 12624/2011, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta la Paridad en todo (Tagle, 2019).

 

Otro reconocible avance dentro de la participación de las mujeres en la política sucedió el 14 de marzo de 2016 con la publicación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, en el cual funge como guía orientadora para las instituciones respecto a situaciones de violencia política de género.

La reforma más actual en contra de la violencia política de género tuvo efecto en abril de 2020. La reforma abona en cinco leyes generales y tres orgánicas, el fin de ésta define legalmente qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse como tal, las autoridades competentes para conocer de estos casos, así como las consecuencias legales de esas conductas, es decir, el reconocimiento de esta violencia dentro del catálogo de violencias contra las mujeres.

Destaca también el caso de Jalisco, que, en 2020, su Congreso aprobó modificaciones a diversos ordenamientos, incluyendo la Constitución, a fin de erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. El dictamen aprobado  enuncia que la violencia política contra las mujeres en razón de género es “cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos” (Congreso del Estado de Jalisco, 2020; Rivas Uribe, 2020), lo anterior, en una franca armonización con las recomendaciones de la CEDAW al respecto señaladas anteriormente.

Desde la incorporación del principio de paridad de género en la Constitución mexicana se han estado presentando diversas iniciativas legislativas en materia de violencia política en contra de la mujeres en razón de género, sin que, hasta ahora, alguna haya prosperado lo suficiente para darle un giro radical en al forma de hacer política en nuestro país.

A manera de conclusión, el problema de violencia política hacia las mujeres no puede reducirse solamente al ámbito electoral, sino que, al ser un problema estructural, debe entenderse en un contexto sociopolítico más amplio en el que se genera la violencia en sus distintas formas. La eliminación de la violencia política en razón de género no será posible sin los cambios más profundos que acontecen en el tejido social para con ello formar una sociedad más justa, igualitaria y pacífica.

 

 

Bibliografía

 

 

Cárdenas Acosta, Georgina (2018). “La violencia política contra las mujeres, de la antigüedad al proceso electoral 2017-2018”, en: Procuraduría Federal de la República (2018). Ensayos sobre violencia política, PGR-FEPADE, tomado de: http://www.fepade.gob.mx/work/models/fepade/prevencionDelito/EnsayosSobreViolenciaPoliticaWEB.pdf.

Congreso del Estado de Jalisco (2020). “En Jalisco no más violencia política contra las mujeres”, LXII Legislatura, Congreso del Estado de Jalisco, tomado de: https://www.congresojal.gob.mx/boletines/en-jalisco-no-m-s-violencia-pol-tica-contra-las-mujeres.

 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2017). Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, 3ª ed., tomado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf.

ONU (1993). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, Nueva York, ONU.

ONU Mujeres (2018). México ante la CEDAW, tomado de: https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LA-CEDAW-2018-web.pdf

Rivas Uribe, Rodrigo (2020). “Avanza reforma contra violencia política hacia las mujeres”, en periódico El Informador, 30 de junio de 2020, tomado de: https://www.informador.mx/jalisco/Avanza-reforma-contra-violencia-politica-hacia-las-mujeres-20200630-0150.html.

Tagle Martínez, Martha (2019). “El activismo en derechos políticos de las mujeres. De la 12624 a la #ParidadEnTodo”, en: Castañeda, Clemente (Coord.) (2019). Democracia y política: una mirada desde la generación de igualdad sustantiva, México: MC

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Se consolida proyecto de Fernando Zepeda con liderazgos del distrito 4

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Este sábado se llevó a cabo una importante reunión entre Fernando Zepeda e importantes liderazgos del distrito 4, que se encuentra dentro del municipio de Zapopan.

Durante la reunión, destacó la presencia del presidente de Redes Sociales Progresistas; Juan Manuel Hermosillo así como de Oscar Olivares, quienes acompañaron a Fernando Zepeda en dicho encuentro.

Fernando Zepeda, tomó la palabra y expuso la importancia de buscar un sueño, que nace cuando se observa la injusticia y la corrupción, al que explota al débil, dep prepotente y pedante quien busca enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, quienes son carentes de defender sus derechos, es importante que los líderes busquen cambiar sus realidades porque ahí es donde se está viviendo el poder de un sueño.

Zepeda pidió a los líderes del distrito 4, que busquen luchar por sus sueños, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a los jóvenes de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados, ya que el reto es para todos especialmente para quienes tienen la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo mejor: más humano y más justo.

Explicó que ese sueño debe ser para rescatar del hambre y de la miseria a quienes viven en la ignominia que son miles de mexicanos ubicados en el municipio de Zapopan.

Zepeda se mostró orgullosamente un militante de izquierda, por lo que se mostró convencido que se debe buscar acceder al poder en todos los niveles de gobierno. Señaló que menos del 10 % de las familias poseen el 90% de la riqueza nacional y de las grandes empresas que trae como resultado la pobreza en México.

Finalmente exhorto a trabajar por los pobres para que sean felices.

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REDES SOCIALES PROGRESISTAS CERCA DE SER NUEVO PARTIDO POLÍTICO

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En días pasados el INE entregó la Certificación a Redes Sociales Progresistas Jalisco por su exitosa Asamblea Estatal celebrada el pasado 1 de febrero de 2020. Lo que acerca más a esta asociación a concretarse como partido político.

Bajo las más estrictas medidas sanitarias que se recomiendan por la contingencia generada por el Covid-19, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en nuestro estado y siguiendo los procedimientos de certificación de Asambleas Estatales, la Vocal Secretario, Licenciada Ana Margarita Torres Arreola en representación del Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Mtro. Carlos Manuel Rodríguez, hizo entrega del expediente correspondiente a la Asamblea Estatal celebrada el pasado 1 de febrero del año en curso por la asociación “Redes Sociales Progresistas A.C.” a Juan Manuel Hermosillo, Coordinador Estatal de RSP Jalisco

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