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Violencia política contra las mujeres en razón de género: la suma de todas las violencias

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Por: Mirza Florez Gómez

 

La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es una condición imprescindible para consolidar el proyecto de nación al que aspiramos. Los derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres no dependen de su condición de género, por lo que es necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien crear esa capacidad.

Sobre la paridad de género, los avances en México han sido poco a poco, los colectivos y grupos feministas han tenido que recurrir a juicios y obtener sentencias para que este derecho sea una realidad y este reconocido. Sin embargo, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para que las mujeres ejerzan con total libertad sus derechos político-electorales. La violencia política en razón de género es un nuevo concepto académico; no obstante, es un fenómeno social que se remonta mucho tiempo atrás; a las mujeres se les ha excluido de la esfera pública que se encuentra codificada como masculina (Beard, 2018) y quienes logran acceder a esta esfera son cuestionadas y tratadas como intrusas o usurpadoras.

¿Qué es la violencia política en razón de género? En general, es la suma de todas las violencias que viven las mujeres ejercida en un solo ámbito. El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, creado por la Secretaria de Gobernación, establece que la violencia política comprende “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo” (Tribunal Electoral, 2017: 41).

Las prácticas de este fenómeno abarcan acciones que van desde renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas a un cargo de elección popular; presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas; prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión; difamación, calumnias, acoso a través de los medios de comunicación; agresiones físicas; dominación económica en el plano doméstico y político. Estas acciones no solo se manifiestan durante el proceso electoral, “la pueden padecer antes, durante y después de ejercer un cargo” (Cárdenas Acosta, 2018: 38).

 

La identificación de estas formas de violencia se basa en lo dispuesto en la la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las cuales reconocen los derechos político-electorales de las mujeres y en todo momento reiteran que la mujer debe ejercer su libre derecho de participar en la vida política en igualdad de condiciones: “en consonancia con la recomendación general núm. 35, armonizar la legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención…” (ONU Mujeres, 2018: 81).

La violencia, hacia las mujeres, en general, es un problema que ha estado presente durante siglos de exclusión; ésta proviene de una descomposición estructural y cultural de estereotipos basados en razón de género en que los hombres no reconocen a las mujeres su participación. Y es que, si bien durante los últimos veinte años la participación de mujeres en los asuntos políticos se ha incrementado gracias a importantes cambios y creación de políticas publicas que atienden a grupos con menos oportunidades de acceder a cargos de representación, no deja de ser necesairio visualizar, denunciar y castigar las violencias en razón de género, en particular la política, porque, como cualquier otras formas de violencia de género, la violencia política ha necesitado ser sacada a la luz pública, pues aquello que no se nombra no existe y esta se había normalizado dentro de la cultura política.

Por desgracia,  junto a los avances cualitativos y cuantitativos que hemos tenido las mujeres respecto a nuestros derechos político-electorales, la violencia política también va en aumento, tal como lo cita ONU Mujeres: “a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, aumenta también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder” (ONU, 2012). Sin embargo, también se ha reducido la brecha legislativa y cada vez más entidades federativas tipifican estas faltas en su legislación como delitos que deben denunciarse y perseguirse.

Por ejemplo, en 2015 y 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) documentó 141 casos y en enero de 2017 confirmó la investigación de 52 casos más, que evidencian la violencia política que sufren las mujeres, violencia que va desde las presiones por parte de las dirigencias partidistas para que no se postulen, no impugnen o acepten candidaturas en distritos perdedores o con bajas o nulas posibilidades de triunfo; hasta descalificaciones ofensas, humillaciones, golpes, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos por ser mujeres que decidieron ejercer su legítimo derecho a participar.

 

 

De las cuotas de género a la actualidad

Si bien en la actualidad las mujeres tienen una mayor posibilidad de ejercer un cargo dentro de la política, esto requirió de un largo y constante camino de lucha en pro de la participación política de la mujer. Para reducir la brecha de participación entre mujeres y hombres, en una primer instancia se impulsaron las llamadas cuotas de género, medida que fue incorporada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en la década de 1990.

Para el 10 de febrero de 2014 la reforma político electoral aprobaba el principio de paridad de género y quedaba asentada en el Artículo 41 de la Constitución, el cual establecía que los partidos políticos debían cumplir este principio en la postulación de candidatos para las legislaturas federales y locales. El principio de paridad ha permitido incrementar la participación de las mujeres en los congresos federal y estatal, pero también el derecho a representación en los gobiernos municipales, tal como lo afirma Martha Tagle:

Esto es relevante sobre todo en un contexto nacional e internacional en el que todavía permanecen brechas de desigualdad importantes, pese a que hayan transcurrido 66 años del pleno reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres –iniciando con el derecho a votar y a ser electas, entre otros que esto conlleva–, y a partir de ello es que se destaca el papel del activismo de las mujeres por nuestros derechos políticos, especialmente en relación con el camino recorrido desde la sentencia 12624/2011, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta la Paridad en todo (Tagle, 2019).

 

Otro reconocible avance dentro de la participación de las mujeres en la política sucedió el 14 de marzo de 2016 con la publicación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, en el cual funge como guía orientadora para las instituciones respecto a situaciones de violencia política de género.

La reforma más actual en contra de la violencia política de género tuvo efecto en abril de 2020. La reforma abona en cinco leyes generales y tres orgánicas, el fin de ésta define legalmente qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse como tal, las autoridades competentes para conocer de estos casos, así como las consecuencias legales de esas conductas, es decir, el reconocimiento de esta violencia dentro del catálogo de violencias contra las mujeres.

Destaca también el caso de Jalisco, que, en 2020, su Congreso aprobó modificaciones a diversos ordenamientos, incluyendo la Constitución, a fin de erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. El dictamen aprobado  enuncia que la violencia política contra las mujeres en razón de género es “cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos” (Congreso del Estado de Jalisco, 2020; Rivas Uribe, 2020), lo anterior, en una franca armonización con las recomendaciones de la CEDAW al respecto señaladas anteriormente.

Desde la incorporación del principio de paridad de género en la Constitución mexicana se han estado presentando diversas iniciativas legislativas en materia de violencia política en contra de la mujeres en razón de género, sin que, hasta ahora, alguna haya prosperado lo suficiente para darle un giro radical en al forma de hacer política en nuestro país.

A manera de conclusión, el problema de violencia política hacia las mujeres no puede reducirse solamente al ámbito electoral, sino que, al ser un problema estructural, debe entenderse en un contexto sociopolítico más amplio en el que se genera la violencia en sus distintas formas. La eliminación de la violencia política en razón de género no será posible sin los cambios más profundos que acontecen en el tejido social para con ello formar una sociedad más justa, igualitaria y pacífica.

 

 

Bibliografía

 

 

Cárdenas Acosta, Georgina (2018). “La violencia política contra las mujeres, de la antigüedad al proceso electoral 2017-2018”, en: Procuraduría Federal de la República (2018). Ensayos sobre violencia política, PGR-FEPADE, tomado de: http://www.fepade.gob.mx/work/models/fepade/prevencionDelito/EnsayosSobreViolenciaPoliticaWEB.pdf.

Congreso del Estado de Jalisco (2020). “En Jalisco no más violencia política contra las mujeres”, LXII Legislatura, Congreso del Estado de Jalisco, tomado de: https://www.congresojal.gob.mx/boletines/en-jalisco-no-m-s-violencia-pol-tica-contra-las-mujeres.

 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2017). Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, 3ª ed., tomado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf.

ONU (1993). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, Nueva York, ONU.

ONU Mujeres (2018). México ante la CEDAW, tomado de: https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LA-CEDAW-2018-web.pdf

Rivas Uribe, Rodrigo (2020). “Avanza reforma contra violencia política hacia las mujeres”, en periódico El Informador, 30 de junio de 2020, tomado de: https://www.informador.mx/jalisco/Avanza-reforma-contra-violencia-politica-hacia-las-mujeres-20200630-0150.html.

Tagle Martínez, Martha (2019). “El activismo en derechos políticos de las mujeres. De la 12624 a la #ParidadEnTodo”, en: Castañeda, Clemente (Coord.) (2019). Democracia y política: una mirada desde la generación de igualdad sustantiva, México: MC

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Se registra Felipe de Jesús González Hernández como aspirante a diputado local, en el distrito VI, por el Partido Redes Sociales Progresistas.

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Felipe González se registró como aspirante a la candidatura para diputado local Distrito VI, por RSP.

Detalló que en la precampaña tendrá acercamientos con la ciudadanía, en especial con los jóvenes, en quienes ve la posibilidad de un verdadero cambio, con base a la educación, la tecnología y la capacitación para el trabajo donde al final del día se encuentran las bases para mejorar y se requiere una legislatura que apoye al emprendedor, al proceso educativo y simplifique los procesos en lugar de entorpecerlos.

“Agradezco a Redes Sociales Progresistas la oportunidad de participar como ciudadano por primera vez en esta actividad tan importante, que me permitirá en caso de acceder a la Legislatura aportar mi experiencia y mantener el orden jurídico y natural que nuestro Estado requiere”.

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Fernando Garza Martínez se registró como precandidato del PAN a la Presidencia Municipal tapatía, de Guadalajara.

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El ex alcalde panista de Guadalajara, se registró presentando cerca de 800 firmas de apoyo de militantes panistas, más del doble de lo solicitado en la convocatoria.
En la sede Estatal del PAN y una vez completado el registro declaró:
“Hay posibilidades de triunfo, porque desgraciadamente para los tapatíos la Administración de Ismael del Toro ha sido gris, oscura, no se le ha visto prácticamente, entonces yo creo que eso representa una oportunidad con alguien como es mi persona que ya estuvo en el puesto y que dio resultados”.

Su administración en el 2001 al 2003, se distinguió por los buenos resultados en Seguridad. La limpieza del centro de la ciudad con la campaña de “Atínale al bote”, el combate a la corrupción y el reordenamiento del comercio ambulante.
Sin olvidar que en Guadalajara terminó con las calles de tierra, la remodelación y equipamiento de los centros de salud del municipio, entre otros logros.

Fernando Garza es un hombre de resultados, con experiencia y preparación política, por lo que se espera que supere la elección interna y se convierta en el abanderado constitucional del PAN, para el proceso electoral de este junio del 2021.

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Israel Jacobo va por el Distrito 6 Federal de Zapopan

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Israel Jacobo se registró como aspirante a diputado federal en el distrito 6 de Zapopan, por el partido Morena. Como regidor, se distinguió por su lucha en contra de la corrupción y el abuso de autoridad.

Durante su trayectoria política, se ha distinguido por luchar a favor de la educación de los niños y jóvenes, fue coordinador de campaña a la presidencia municipal de Zapopan, por Morena en 2018; además defendió el voto de Morena en los tribunales logrando ganar una subrepresentación en regidores.

Está convencido que 2021 no será una contienda fácil, que se requiere de “suelo, sudor y saliba” además de estrategia porque la 4T requiere que se dé lo mejor de cada persona para seguir luchando por un gobierno honesto, valiente y trasparente como el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proceso para elegir al candidato será por medio de una encuesta la cual tiene prácticamente en la bolsa, debido a que tiene trayectoria y experiencia política, trabajo en las colonias del municipio de Zapopan de la mano de muchos líderes, quienes ven con buenos ojos la candidatura de Israel Jacobo.

Quienes lo conocen, saben que es una persona honesta, cercano a la gente, quien además de ser político se ha dedicado al ambito académico y jala simpatias de todos lados, ya que es conciliador y excelente amigo, que busca más allá de las diferencias, los puntos de equilibrio por lo que puede ser, como diputado, un excelente negociador para temas prioritarios en Jalisco en los próximos años y en especial del municipio de Zapopan al que pertenece.

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